Este delito está incluido en el artículo 556.1 de nuestro Código Penal, según el cual serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Como expresa el propio contenido del artículo, la desobediencia solo será penalmente reprochable en aquellos casos en que se califique como grave. La desobediencia leve supondrá una infracción administrativa que será sancionada con la correspondiente multa. Fue la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la que modificó el Código Penal destipificando las desobediencias leves, consideradas hasta entonces como faltas, y desplazándolas, como sanciones administrativas, fuera del ámbito penal a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, conocida como la “ley mordaza”.   

Jurisprudencial y doctrinalmente se viene entendiendo que para cometer este delito han de concurrir las siguientes circunstancias o requisitos (véase que al no tratarse de una ciencia automática, es necesario analizar caso por caso):

- La desobediencia, para ser considerada grave, debe entenderse como la contumaz y recalcitrante negativa a cumplir con la orden dada.

- Orden que ha de ser legítima y emanada de la autoridad y sus agentes, a la par que expresa, terminante y clara, debiendo comunicarse al sujeto mediante requerimiento personal, formal y directo.

- El incumplimiento de esa orden habrá de producirse en clara actitud de rebeldía, con una persistente negativa en el cumplimiento voluntario del mandato.

En aquellos casos en los que no se den estos requisitos, la conducta podrá ser calificada como infracción administrativa, pero nunca como ilícito penal. A pesar de ello no podemos perder de vista que, siempre y en primera fase, serán los agentes de la autoridad con los que nos encontremos, quienes evaluarán si nuestra conducta pudiera constituir infracción administrativa o penal, sin perjuicio del posterior sobreseimiento y archivo o absolución que en su día pueda dictar el Juez.  

Desde este despacho recomendamos reducir las salidas y desplazamientos a lo legalmente previsto (artículo 7 RD 463/2020), para evitar que los agentes de la autoridad deban evaluar el carácter leve o grave de nuestra conducta.

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